Estamos atravesando una fuerte crisis que ha ido más allá de la vertiente económica para convertirse también en social, cultural y política, convirtiéndose en una crisis del sistema político español. La crisis económica tiene un alcance mundial pero golpea especialmente España porque aquí la estructura del capitalismo sigue siendo muy subordinada a intereses exteriores, centrada en sectores muy especulativos y destructores del medio ambiente, con sobreexplotación de la clase obrera y con niveles de desempleo descarados . Un capitalismo especialmente depredador y parásito. Más de un 25% de parados, más del 50% entre la juventud; más de un 25% también de personas bajo el umbral de la pobreza, de las cuales alrededor de un 15% en la pobreza extrema; 1800 .000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Son cifras que niegan cualquier legitimidad al estado que las permite.
Superponiéndose a la crisis económica, retroalimentándose ambas, la crisis del modelo jurídico-político resultante de la Transición. Ni el modelo económico definido en la Constitución de 1978, ni la democracia tutel.lada que aquella consagra, ni la falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista, ni la corrupción rampante que afecta a las fuerzas políticas mayoritarias ya muchas instituciones, empezando por la Casa Real, ni la forma o modelo de estado, que quedó excluida de un verdadero debate democrático y de la decisión soberana del pueblo, ni el no reconocido derecho de libre determinación o derecho a decidir de las naciones que forman parte del Estado español; responden hoy a los anhelos de la clase obrera y de la mayoría del pueblo.
La III República debe seguir con la defensa y práctica de los valores de sus antecesoras: libertad, igualdad, fraternidad, justicia, participación del pueblo en las decisiones y estímulo de la instrucción pública, de la cultura y de la ciencia; adaptándose a las condiciones de hoy. Una III República por la cual, y teniendo en cuenta que sólo la amplia participación de la ciudadanía puede acabar de definir sus rasgos, aquellos que un día tendrán que plasmarse en su constitución, los comunistas proponemos algunos ejes: el respeto y la promoción de todos los derechos humanos, con la plenitud de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales; con plena vigencia de los principios de Verdad, Justicia y Reparación en relación a los crímenes del franquismo. Unas instituciones y normas que no confronten sino que expresen la complementariedad de la democracia representativa y la democracia participativa. Una regulación que ponga la economía al servicio de las personas, de su libre desarrollo, que permita una relación más equitativa en el ámbito de la economía globalizada y plenamente respetuosa con el medio ambiente, priorizando la producción de bienes y la prestación de servicios en beneficio de los intereses colectivos, con un claro protagonismo del sector público, en especial a la banca y los sectores estratégicos, acompañados de la promoción de la economía social. La renuncia a la guerra con un claro reconocimiento en el artículo 6 de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931 que proclamaba la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Y una constitución que consagre el carácter federal y solidario de la III República, que se fundamente en la libre adhesión de los pueblos de España a un proyecto común que entendemos es el único que puede garantizar y hacer compatibles los derechos nacionales y los derechos y intereses de la clase trabajadora y de las capas populares de todos aquellos pueblos, más libres en una unidad voluntariamente asumida que en la fragmentación política que interesa sobre todo a las diferentes fracciones de las clases dominantes en su pugna por obtener un mejor puesto en el proceso de reestructuración capitalista que representa la actual crisis. Una República que entienda la plurinacionalidad, la pluriculturalidad y el plurilingüismo como un patrimonio común de todos los pueblos y que los desarrolle a las instituciones ya la política educativa y cultural.
De las fuerzas auténticamente democráticas, que tenemos una concepción republicana fundamentada en los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los trabajadores y trabajadoras y de la inmensa mayoría de la sociedad, depende de que cuando se abra el necesario proceso constituyente lo sea con aquellos parámetros y con la hegemonía o al menos la fuerte implicación de aquellos sectores sociales. La alternativa republicana debe estar cada vez más presente en todos los movimientos, organizaciones, partidos, instituciones, en todos los ciudadanos que entienden que las cosas no pueden seguir así, y que la han de asumir y desarrollar como propia. La alternativa republicana debe convertirse en la síntesis, en la convergencia programática de todos los movimientos y luchas sectoriales que hoy cuestionan la salida que los poderosos quieren imponer a la crisis económica y de modelo de estado. Debe convertirse también, en el punto de encuentro entre federalistas e independentistas que pueden coincidir en la necesidad de una transformación del estado, abriendo un proceso constituyente que por su carácter radicalmente democrático debe integrar el derecho a decidir. Hay que trabajar para construir y fortalecer todo, un movimiento republicano plural y unitario, que pueda culminar en una instancia nacional en Cataluña y que se coordine con los movimientos del resto de pueblos de España como garantía de triunfo.
